La pregunta de si el
estado debe imponer una excepción cultural, es un tema complejo y bastante
peligroso. Me explico, si bien Vargas Llosa nos habla de los riesgos que tiene
implantar un régimen de excepciones culturales pues afirmaría la
incompatibilidad de la cultura y libertad en un país o de un mercado. Me parece
que no podemos hablar de libertad de elección si no existe una oferta variada,
que exista un cine nacional competitivo, un cine que pueda hacerle frente al
oligopolio de las empresas americanas que controlan, prácticamente, todo el
mercado audiovisual.
Considero que las
ayudas deberían estar vinculadas a los gustos del público, pero también
reservar un porcentaje para las primeras obras de cineastas jóvenes y el cine
experimental. Defender todas las cinematografías, aunque tengamos que
acoplarnos a las “reglas de juego del estado”, no es vincularnos con una
propuesta totalitaria ni mucho menos estados mecenas. Es “pisar tierra” en un
contexto como el peruano, que si pretende impulsar un cine nacional de autor o
comercial debe buscar las herramientas y subsidios económicos para llevarse a
cabo eficazmente. Aclaro que esta excepción debe tener vocación universalista.
No creo que las
culturas se defiendan solas, pues para lograr equidad socioeconómica, por
ejemplo, entre una major y una productora nacional que ha tenido que participar
y ganar diferentes subsidios internacionales para producir su película luego de
años y que a las justas llega a tener algunas decenas de copias en las
distribuidoras, se le es infinitamente más complicado permanecer en la lucha
por llegar a su mercado, a diferencia de estas grandes multinacionales que
llenan casi toda la oferta del año y que través de acuerdos casi ilegítimos
logran apoderarse de un mercado subdesarrollado, miedoso y poco solidario como
el peruano.
Eduardo Noblecilla
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